En una reciente sesión de Cabildo, el regidor Diego Carrera instó al Ayuntamiento de Mérida a que su próxima respuesta sobre el monumento a Los Montejo sea clara y respete los derechos humanos. Carrera argumentó que mantener la escultura es una apología al racismo y valida la violencia histórica contra el pueblo maya.
Un juzgado federal, respaldado por un Tribunal Colegiado, determinó que el Ayuntamiento violó los derechos de personas mayas al justificar el mantenimiento del monumento por razones económicas sin base legal. Ahora, el municipio debe emitir una respuesta fundamentada.
Carrera subrayó que la petición de retirar el monumento no es una protesta aislada, sino el resultado del trabajo de organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos y comunidades mayas con argumentos jurídicos sólidos.
«Estas organizaciones tienen nombre, argumentos jurídicos y una solicitud clara dirigida a la institución. Su postura es que el monumento enaltece el racismo y la violencia histórica contra el pueblo maya», expresó Carrera.
Propuso una consulta formal a las comunidades indígenas con participación ciudadana e institucional, para debatir qué figuras y valores debe exaltar Mérida.
Carrera recordó que el municipio no puede desentenderse del conflicto, ya que el monumento fue financiado con recursos públicos. En 2010, el Ayuntamiento destinó $650,000 al Patronato Pro Historia Peninsular para la escultura, además de costear el pedestal, iluminación y placa informativa.
«El Ayuntamiento no solo recibió el monumento: lo encargó, pagó e instaló. Tiene la obligación de atender el debate que generó», afirmó.
También señaló la contradicción histórica de que la asociación que recibió los fondos tenía como objetivo proteger a las comunidades indígenas, pero usó los recursos para erigir un monumento a sus conquistadores.
Carrera presentó datos históricos sobre las figuras del monumento, destacando que Francisco de Montejo «El Mozo» vendió prisioneros mayas como esclavos, una práctica prohibida por la Real Audiencia de México.
Además, la Corona española destituyó a Francisco de Montejo como gobernador en 1549 por abusos contra la población nativa, siendo hallado culpable en 1550.
«Si hasta la institución que los envió los cuestionó, deberíamos preguntarnos qué motivó al Ayuntamiento en 2010 a exaltarlos con dinero público. ¿Existe hoy alguna postura que justifique mantener el monumento en la ciudad?», cuestionó Carrera.

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